Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre 2026.– Bajo la premisa de que la gestión de obras públicas representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier Estado, el diputado local Octavio Ocampo propuso reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán.
Octavo Ocampo explicó que esta propuesta busca que los proveedores y contratistas que participan en las licitaciones de obra pública, cuenten con un buen historial que respalde su participación en la ejecución de obras y con ello, se garantice a las y a los michoacanos, la calidad, seguridad y durabilidad de las obras que se realizan para el mayor bienestar de la población.
Durante su participación en Tribuna, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que este historial deberá incorporar datos objetivos relativos al número de contratos celebrados, dependencia contratante, montos, plazos de ejecución, cumplimientos de especificaciones técnicas, aplicación de penas convencionales, convenios modificatorios y una evaluación final del desempeño contractual, elaborada conforme a criterios definidos y homogéneos.
“Con esta iniciativa, buscamos garantizar plenamente los principios de seguridad jurídica y debido proceso, al proporcionar elementos que fortalezcan la planeación de las adquisiciones y con ello, exista una mejor administración de los recursos públicos”, expuso.
Octavio Ocampo consideró que, con este Historial de Desempeño de Proveedores, se dotará a las dependencias y entidades públicas de una herramienta de gestión, que complemente la información actualmente disponible en el Padrón de Proveedores y permita adoptar decisiones mejor informadas al momento de contratar.
Por último, Octavio Ocampo insistió que esta iniciativa busca generar una medida de carácter preventivo, que privilegie la evaluación objetiva, la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos, contribuyendo así a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y a garantizar que los recursos de las y los michoacanos, se ejerzan bajo los más altos estándares de responsabilidad, legalidad y buen gobierno.
