Tijuana, Baja California.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anticipó que el próximo año se pretende instalar en Tijuana una oficina de la Secretaría del Migrante (Semigrante), para dar atención y acompañamiento a más de 3 mil michoacanas y michoacanos en situación de movilidad por desplazamiento forzado.
En reunión de trabajo y seguimiento a las acciones de coordinación entre los gobiernos de Michoacán y de Baja California, el mandatario expuso estrategias para reforzar los mecanismos y programas de apoyo en beneficio de personas y familias desplazadas por la violencia.
“El compromiso para el próximo año es instalar aquí una oficina permanente del Gobierno de Michoacán para la atención de migrantes con perspectiva de género, mantener el enlace con organismos internaciones como la Unicef y con organizaciones no gubernamentales para trabajar esquemas de protección a los derechos humanos”, comentó.
Ramírez Bedolla destacó que junto con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se da seguimiento a estas y otras acciones para la atención integral de este sector.
En ese sentido, la secretaria del Migrante (Semigrante), Brenda Fraga Gutiérrez, comentó que en Michoacán se diseñó un modelo integral de trabajo para que de manera transversal se aborde el tema migratorio, como el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado, una propuesta para reforzar la legislación en materia de derechos humanos, además del seguimiento a más de 100 núcleos familiares migrantes detectados en Tijuana.
La subsecretaria de Asuntos Migratorios del gobierno de Baja California, Adriana Espinoza Nolasco, informó que la administración ha facilitado servicios de entrega de documentación oficial, así como alimentación y asilo en albergues de Tijuana y Mexicali.
En tanto el secretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, celebró que se mantenga la comunicación con Michoacán a fin de incluir nuevas propuestas al proyecto de trabajo para su posterior ejecución.
A la reunión también asistieron representantes de la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, UNICEF, legisladores, entre otros.
