Lázaro Cárdenas, Michoacán, 15 de febrero de 2025.- En un esfuerzo conjunto por proteger la salud de la población, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) asestaron un duro golpe contra el vapeo.
Durante un operativo de inspección y vigilancia en el Puerto de Lázaro Cárdenas, las autoridades aseguraron aproximadamente 130 mil dispositivos de vapeo que pretendían ingresar ilegalmente al país, acompañados de líquidos viscosos traslúcidos de colores y aroma dulce, los cuales, tras su análisis, dieron positivo a sustancias como nicotina, glicerina refinada, 1-etil-3-piperidinol, azúcares saborizantes y aromatizantes.
Estos productos, que no cumplen con la normatividad sanitaria vigente, representan un riesgo para la salud de la población, especialmente para los niños y jóvenes, al contener sustancias utilizadas en insecticidas, jabones, cremas y productos de limpieza.
En México, la venta, distribución, importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos está prohibida de acuerdo con la reciente reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución, los cuales buscan garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, especialmente de los jóvenes, al restringir el acceso y uso de productos que representan riesgos significativos para la salud pública.
La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Coepris, ha intensificado sus acciones de control sanitario en todo el estado, con el objetivo de prevenir la comercialización de estos productos que puedan dañar la salud de los michoacanos e invita a denunciar la venta ilegal de estos productos al teléfono 800 841 4554, al correo electrónico denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx o en las oficinas de la Coepris, ubicadas en Miguel Arreola #177, colonia Poblado Ocolusen, en Morelia.
Recientemente el Gobierno de Michoacán arrancó la campaña “Vapear te dejará sin aliento”, para proteger la salud de las infancias y adolescencias, ante los riesgos que implica el uso de estos dispositivos que, por ley, se encuentran prohibidos y que se venden de manera ilegal.
