Morelia, Mich., a 23 de septiembre de 2026.- Para evitar que hospitales y clínicas privadas en Michoacán continúen con prácticas como «el secuestro» de personas fallecidas hasta que sus familias paguen adeudos por la atención médica, el diputado local del PRI, Memo Valencia, propuso tipificar como delito el atentado a los restos de las personas fallecidas.
«Es necesario establecer en nuestro marco jurídico penal la descripción de esta conducta para castigar a quienes la realizan, así como para inhibirla», dijo.
La iniciativa pide adicionar la fracción III al artículo 186 y la fracción XXII al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Michoacán; la primera específica que cometerían el delito quienes condiciones, retrasen y obstaculicen la entrega del cuerpo de una persona fallecida a sus familiares o a quien tenga derecho legal a recibirlo, exigiendo como condición el pago total o parcial de una cuenta, factura, pagaré, convenio de reconocimiento de adeudo o cualquier otro instrumento de cobro o la firma de estos.
En tanto que, el anexo al artículo 218 menciona que se sancionará a quien facture, cobre o incluya en un estado de cuenta, recibo o documento equivalente, insumos, medicamentos, materiales, servicios, procedimientos o unidades de sangre o sus componentes que no hayan sido efectivamente suministrados o administrados al paciente, o a quienes apliquen cobros desproporcionados de conceptos no pactados o inexistentes.
«Lo que hacen estos angelitos de cuello blanco, directores, administradores o propietarios de médicos privados es inhumano, no puede ser posible que un ser humano, aunque pierda la vida debe tener garantizado siquiera que sus familiares no serán objeto de la comisión, de esto, que si hacemos nuestro trabajo será un delito», mencionó.
El líder priista, Memo Valencia, recordó que esta iniciativa nace de un caso específico ocurrido en Morelia, tras la muerte de un hombre a quien su familia llevó a un hospital privado en el sur de la ciudad, cuyo cadáver no querían entregar hasta que pagaran los 300 mil pesos a los que ascendió la cuenta por la atención.
«Lo que sucedió el pasado 25 de julio, si la persona hubiera estado viva, hubiese sido ‘secuestro exprés’, porque están privando de la libertad para requerir dinero a cambio, pero como ya está muerto, pues de eso se aprovechan esos angelitos de cuello blanco que administran, dirigen, operan o son dueños de hospitales», afirmó.
Finalmente, el diputado solicitó a las y los legisladores de la Comisión de Justicia, revisar esta iniciativa para que pueda ser sometida a votación cuanto antes, porque este tema no solo ocurre en Morelia, y «si hacemos nuestro trabajo será un delito que puede ser el principio para que a nivel nacional se hagan cambios necesarios, porque quienes acudieron al hospital a llevar a su familiar herido de gravedad también son víctimas, pues no sean revictimizadas».
