Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2025.- Con el compromiso de impulsar una legislación más justa e incluyente, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con el objetivo de crear un nuevo capítulo denominado: De la relación de los municipios con los pueblos y comunidades afromexicanas.
Durante su exposición en tribuna, Barragán subrayó que esta propuesta responde a una demanda histórica y a un principio de justicia elemental, reconocer plenamente los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos que históricamente han sido invisibilizados, excluidos y silenciados dentro de las estructuras institucionales.
“En Michoacán, si bien hemos avanzado parcialmente en el reconocimiento del autogobierno indígena, aún existe una grave omisión los pueblos afromexicanos no cuentan con el mismo reconocimiento legal ni en la misma dimensión institucional. Y sin nombre en la ley, no hay presupuesto, no hay representación, no hay justicia”, sentenció.
La iniciativa establece la obligación de los municipios de implementar mecanismos permanentes de diálogo, coordinación y respeto con las comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo sus formas propias de organización, sus autoridades tradicionales y su derecho a decidir sobre los asuntos que les afectan directamente.
El legislador recordó que esta propuesta se alinea con la visión nacional de transformación encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado que los pueblos indígenas y afromexicanos serán ejes centrales del nuevo pacto de justicia, democracia y bienestar.
“Lo ha dicho con claridad la presidenta, no puede haber transformación si no se garantiza plenamente el derecho de los pueblos a decidir sobre su vida, su territorio, sus recursos y su destino. Como Congreso, nos toca convertir esa visión en leyes concretas”, apuntó.
Barragán enfatizó que esta iniciativa no busca conceder privilegios, sino derribar las barreras estructurales que han impedido por siglos la participación efectiva de estos pueblos en la toma de decisiones públicas y en la gestión de los recursos que les corresponden por derecho.
